Los sospechosos informes oficiales que cambian en unos días para avalar los derribos en un edificio histórico de Mundaka

Imagen del Palado Larrinaga (a la izquierda), en Mundaka, ya con las obras iniciadas.

Esta es otra historia donde el interés particular vuelve a primar sobre el general. El damnificado es un edificio histórico del municipio vizcaíno de Mundaka, con un proyecto aprobado para derribar una de sus fachadas y vaciarlo por dentro. El fin es construir un parking subterráneo de 110 plazas y ocho viviendas. Las sospechas de la operación urbanística se acrecientan por la actitud de las administraciones públicas: dos informes que aconsejan e incluso prohíben los derribos que, unas semanas después, se modifican por otros dos escritos que avalan las demoliciones.

El llamado Palacio Larrinaga, ubicado en el caso histórico de Mundaka, es un edificio de estilo neobarroco del siglo XIX, construido por la familia del mismo nombre, propietaria de una naviera asentada en la ciudad inglesa de Liverpool. Sus herederos lo vendieron a una inmobiliaria local a mediados de los 80 pero ha seguido abandonado durante las últimas tres décadas. Finalmente, otra inmobiliaria lo adquirió la década pasada con la intención de construir un hotel con unos inversores británicos. El proyecto tampoco cuajó y finalmente se presentó otro plan de construir un parking subterráneo (que ocupa parcialmente el subsuelo del palacio) y ocho viviendas en la zona ajardinada.
El plan tuvo la rápida oposición de grupos locales y la asociación Zain Dezagun Urdaibai encabezó las actuaciones contrarias. El edificio figuraba ya en los años 80 en el inventario de bienes a proteger por parte del Gobierno central, un listado que fue trasladado al Gobierno vasco, que nunca ha llegado a catalogarlo de monumento. Sí ha figurado y figura como edificio singular con protección Integral del caso histórico de Mundaka.

Las obras para construir el parking y las viviendas comenzaron en 2015, lo que intensificó las protestas de los grupos contrarios y la intervención de las administraciones públicas. El pasado 5 de febrero, el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación de Bizkaia, con el visto bueno del director de Cultura, informa favorablemente de las obras pero “valora negativamente” la demolición de la fachada trasera “con el único objetivo de ejecutar aparcamientos”. Aconseja a los propietarios que “reconsideren la necesidad de demoler la fachada trasera”  y estudien otra actuación “más coherente con los valores patrimoniales del bien”.

Apenas tres semanas después, el 27 de febrero, el Servicio de Patrimonio Cultural de Bizkaia emite otro informe (éste ya firmado solo por la responsable foral de intervención arquitectónica y el arquitecto de restauración monumental) en el que se considera que los derribos son “respetuosos con el bien”.

El Departamento de Cultura del Gobierno vasco también realiza un informe, el pasado 14 de mayo, tras las quejas de la asociación Zain Dezagun Urdaibai. Señala que el palacio está en el catálogo de bienes de protección de Mundaka y que el “el derribo de fachada no encaja en ninguna” de las intervenciones permitidas.

“Como administración responsable de velar por la protección del  patrimonio cultural vasco, advertimos que el Palacio Larrinaga no puede demolerse y que las obras en curso deberán garantizar la integridad de los elementos a restaurar”, concluye el escrito firmado por el director de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco.

Pero solo nueve días después, el 23 de mayo, hay otro informe, tras una queja del alcalde de Mundaka Aitor Egurrola (PNV). El mismo alto cargo del Gobierno vasco señala que, al no ser un bien cultural inventariado por esta administración, la competencia de protección recae en el ayuntamiento o la Diputación vizcaína. Agrega que, con el visto bueno foral, la demolición “cumple con los requisitos legales pertinentes” y solo recomienda al Ayuntamiento de Mundaka que “vigile estrechamente” los trabajos para que “no se produzca de forma involuntaria el derrumbe del Palacio Larrinaga y se cause un daño irreparable al patrimonio arquitectónico de la localidad”.
El alcalde ha defendido el proyecto porque hace tres años cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, el informe elaborado incluía “un inventario de elementos patrimoniales de la localidad y el edificio no figura entre ellos. Por tanto, queda solo bajo la protección municipal”.

Causa extrañeza el escaso interés en preservar uno de los principales edificios históricos de una localidad, al que desde su compra hace 35 años por inmobiliarias se ha permitido su deterioro progresivo. Cuestionable que pese a su catalogación desde los años 80 por parte del Gobierno central, no se haya aumentado su protección por el Ejecutivo vasco. Y roza el esperpento que dos informes oficiales que llegan a oponerse frontalmente el derribo sean contradichos por sus autores al de pocos días otorgando los parabienes al proyecto de parking y viviendas. Con total seguridad, tras unas llamadas al orden de los interesados en impulsar las obras. Esto es lo que tenemos